La Delegación del Gobierno en Cantabria ha publicado este martes en el BoletÃn Oficial del Estados sendos anuncios por los que somete a información pública la solicitud de autorización administrativa del proyecto del parque eólico La Engaña y la solicitud de declaración de impacto ambiental y autorización administrativa del parque eólico El Cotero, ubicados entre Cantabria y Burgos, y que suman una inversión de 52,2 millones.
Ambos están promovidos por la sociedad limitada leonesa EnergÃas Renovables del Bierzo y supondrÃan la instalación de un total de 16 aerogeneradores.
Diez de estos molinos se instalarán en el parque eólico de La Engaña con una potencia total de 30 megavatios y un presupuesto de 32,4 millones. También se solicita una lÃnea eléctrica de 30 kilovatios para la evacuación de esa energÃa en Cantabria y Burgos.
El proyecto de La Engaña afecta en Cantabria a los municipios de San Pedro del Romeral y Vega de Pas, y en Burgos, a la Merindad de Sotoscueva y Espinosa de los Monteros.
Los terrenos que resultan afectados por la instalación del parque se localizan en la cuerda montañosa Montes de Samo, situada en la divisoria entre Burgos y Cantabria. En concreto, al sur del Puerto de las Estacas de Trueba, dentro de los municipios señalados.
Por su parte, el parque de El Cotero contempla una inversión de 19,8 millones y la instalación de seis aerogeneradores con una potencia de 18 megavatios. Se ubicará en la localidad cántabra de San Pedro del Romeral y en las merindades de Valdeporres y de Sotoscueva en Burgos.
Los terrenos afectados se localizan en la cuerda montañosa Montes de Samo, en el paraje del Cotero, en el lÃmite entre Burgos y Cantabria.
Ambos parques se encuentran incluidos en el Estudio de Impacto Ambiental de los parques eólicos El Cotero y La Engaña, que sale ahora a información pública ambiental.
Los interesados en presentar alegaciones a ambos proyectos deberán remitir la documentación al área de Industria y EnergÃa de la Delegación del Gobierno en Cantabria en el plazo de treinta dÃas.
Al ubicarse ambos parques entre dos comunidades, la tramitación de los mismos corresponde al Estado puesto que las autonomÃas solo tienen competencias en su territorio.