La Asociación de Promotores y Productores de Energías Renovables de Andalucía (APREAN) ha advertido de la gravedad de la propuesta de Orden Ministerial sobre parámetros retributivos de las instalaciones de energías renovables “al tener un efecto devastador en toda la industria de energías limpias en Andalucía, con pérdidas de más de 400 millones de euros en la región”, ha denunciado la organización empresarial andaluza que representa al sector en la comunidad.
APREAN considera que se trata de la regulación más perniciosa que jamás se haya dictado en un país desarrollado contra un sector económico y que llevará a continuar con la pérdida de inversiones y empleo ya iniciada por el Gobierno central con anteriores normativas y regulaciones.
La patronal andaluza renovable condena que el único sector industrial en el que Andalucía ha ostentado un liderazgo internacional, con un desarrollo modélico en todo el mundo y con el más alto grado de competitividad, sea ahora destruido por un Gobierno que adopta acuerdos basados en estándares elaborados con criterios arbitrarios, que no se corresponden con la realidad del sector y aprobados con total falta de transparencia y sin contar con el sector, lo que es incomprensible e inadmisible.
El nuevo ajuste impuesto por el Gobierno deja sin retribución a toda la potencia renovable instalada antes de 2005, el 37 por ciento del total, lo que aboca al sector a la deslocalización y venta de activos, así como a nuevos ajustes de plantillas, siendo la energía eólica la tecnología más penalizada por la reforma.
APREAN no sólo condena que se aplique un concepto de “rentabilidad razonable” a las instalaciones, en base a la capacidad instalada y fecha de puesta en marcha en vez de por la energía que aportan, sino que se haya fijado en el 7,39 por ciento frente al 9 por ciento después de impuestos que utiliza la Comisión Europea en sus escenarios de inversión para poder cumplir los objetivos de consumo a través de energías renovables de la Unión Europea a 2020 y 2030.
La patronal reprueba que el Gobierno vuelva a violar la seguridad jurídica, a actuar de forma injusta siempre contra la misma parte del sector eléctrico y a alejar la inversión y el crecimiento del territorio nacional y andaluz en particular, por lo que reclama cordura para paralizar las nuevas medidas propuestas de destrucción del sector energético renovable.