El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León acaba de anular la autorización administrativa del parque eólico Peña del Gato, en León, que llevaba 3 años en funcionamiento.
Esta sentencia es anulatoria porque la empresa Energías Especiales Alto Ulla (Grupo Viloria) ignoró informes técnicos que advertían de los daños que causaría el parque en el hábitat del urogallo, una especie que está en peligro de extinción.
El Grupo Viloria es un poderoso consorcio leonés y su principal actividad es la minería del carbón.
El parque en cuestión se ubica en los municipios leoneses de Villagatón, Igüeña y Torre del Bierzo.
La sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha tomado en consideración las pretensiones de SEO/BirdLife (la denuncia la presentó esta organización ecologista), y ha declarado la nulidad de la autorización administrativa del parque eólico, ya que en su Declaración de Impacto Ambiental no se valoró la existencia de ejemplares de urogallo cantábrico en la que la SEO califica como "la colonia más meridional del mundo".
Además, según los conservacionistas, tampoco se consideró "el papel de corredor ecológico para la especie que supone toda la zona de implantación del proyecto".
Según la SEO, el Tribunal Superior de Justicia critica "de forma severa" que se ignorasen los informes emitidos por los técnicos de la administración en los que se reconocía la presencia de la especie y la importancia de estos terrernos para su supervivencia.
Según Felipe González, técnico de SEO/BirdLife, "esta sentencia se suma a otras en las que hemos estado trabajando para conseguir preservar este núcleo poblacional de urogallo cantábrico, que tiene la particularidad de ser el más meridional del mundo". También explica que las poblaciones de las especies "se extinguen por los extremos, y la comarca leonesa de Omaña-Cepeda es una zona estratégica para la conservación de esta especie en el área cantábrica". Concluye que esta sentencia "convierte a SEO/BirdLife en la organización más activa en la conservación de esta ave emblemática". Además, la SEO está trabajando a escala local a través del proyecto Life+ Urogallo cantábrico, cuyo objetivo es poner en marcha "medidas de restauración de su hábitat para favorecer su reproducción”.
Según la organización conservacionista, este es "el cuarto parque del macroproyecto eólico de las comarcas leonesas de Omaña y Cepeda cuya autorización está anulada por el Tribunal Superior de Justicia, a la espera de que se confirmen por este órgano judicial las sentencias dictadas por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº2 de León sobre la subestación eléctrica en la que evacúan todos ellos, situada en Villameca, y el parque eólico de Valdesamario".
La SEO explica que el hace referencia en distintos apartados de su fundamentación jurídica "a las analogías existentes entre el presente caso y la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 24 de noviembre de 2011 por la que se declaraban ilegales, conforme al Derecho Comunitario, las explotaciones mineras a cielo abierto de Laciana y Babia (León), ya que en ambos casos se verían afectados espacios protegidos Red Natura 2000 por actividades que fueron autorizadas sin ser evaluadas de forma adecuada".
Igualmente -continúa la SEO-, el TSJ se refiere, a la hora de anular su autorización, a "la total ausencia de valoración del impacto del resto de parques eólicos instalados en los alrededores, así como de las líneas de evacuación y subestaciones necesarias para su funcionamiento, argumentos ya empleados en las sentencias de esta Sala que anularon los parques eólicos previstos en el municipio de Riello". Según la organización ecologista, "el fraccionamiento del hábitat así como su permeabilidad son, entre otras, las principales amenazas que sufre esta especie en peligro de extinción. Los parques eólicos provocan ambas amenazas por lo que esta nueva sentencia supone un balón de oxígeno para la especie". El parque eólico anulado es el primero construido y en funcionamiento en León que ha sido anulado por el Tribunal Superior de Justicia, promovido por Energías Especiales Alto Ulla, sociedad mercantil del grupo Viloria, poderoso consorcio leonés que hizo fortuna con las minas de carbón. Según datos aportados por la propia empresa en el procedimiento judicial, esta habría obtenido más de ocho millones de euros anuales únicamente por el funcionamiento de dicho parque.